En la última semana, Paraguay ha enfrentado una serie de ciberataques sin precedentes que han comprometido la seguridad digital de al menos 21 instituciones estatales, incluyendo el Ministerio de Salud, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y el programa Pronasida, que almacena información sensible de personas con VIH.
El grupo de ciberdelincuentes conocido como “Cyberteam” se atribuyó varios de estos ataques, logrando incluso vulnerar la cuenta oficial del presidente Santiago Peña en la red social X el pasado 9 de junio. Esta situación llevó a la Cámara de Diputados a declarar un estado de emergencia en ciberseguridad, instando al Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic) a tomar medidas urgentes.
El Centro de Respuesta ante Incidentes Cibernéticos del Paraguay (CERT-PY) confirmó que los ataques fueron detectados y que se activaron protocolos de contención. Sin embargo, expertos como Miguel Ángel Gaspar, director de Paraguay Ciberseguro, advierten que las medidas del gobierno han sido reactivas y que la filtración de datos podría tener consecuencias graves, como suplantación de identidad y fraudes masivos.
Además, se han reportado intentos masivos de hackeo a ciudadanos, especialmente a través de redes sociales y WhatsApp, lo que sugiere que los datos filtrados ya están siendo utilizados por grupos criminales.
En respuesta, el gobierno presentó una Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2025–2028, que incluye la participación de las Fuerzas Armadas y alianzas con países como Estados Unidos, Israel y Taiwán. No obstante, la percepción general es que Paraguay aún tiene un largo camino por recorrer para proteger su infraestructura digital.
